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La Medición Multidimensional de la Pobreza, 2016, presentada en 2017 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), muestra un panorama inequívoco: las niñas y los niños siguen siendo el grupo de población (analizados por edad), que padece las peores condiciones de pobreza y vulnerabilidad social en el país. En efecto, mientras que el 39.9% de las personas mayores de 18 años son consideradas en situación de pobreza, el porcentaje para las niñas, niños y adolescentes es de 51.1%; en números absolutos, de 2010 a 2016 la cifra se ha mantenido por arriba de los 20 millones en esa condición. En ese marco, las desigualdades son notables; por ejemplo, entre las personas hablantes de lenguas indígenas el porcentaje de pobreza es de 77.6%, por lo que es válido asumir que las condiciones de la niñez en esas comunidades son dramáticas.

A casi ocho años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, llevada a cabo en 2011, y de la incorporación en ese mismo año de la responsabilidad del Estado Mexicano de garantizar el Principio del Interés Superior de la Niñez en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos (CPEUM), es necesario actualizar los instrumentos con que se dimensiona el grado de incumplimiento de los derechos de la niñez mexicana, desde una perspectiva de derechos humanos, asumiendo: