View article

El gobierno colombiano negoció un acuerdo de paz con la guerrilla más numerosa de Colombia, que fue legitimado constitucional y legalmente por el Congreso de la República. Se creó una Jurisdicción Especial para la Paz, autorizada para realizar procesos de selección penal (positiva y negativa), en relación con los grupos armados en rebelión que firmaran un acuerdo de paz, los agentes del Estado y los civiles que cometieron delitos en el conflicto armado interno. Desde un enfoque criminológico se analizan la amnistía e indulto, el tratamiento diferenciado, la renuncia a la persecución penal y la priorización como procesos de selección penal.