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Las muertes ilegítimamente presentadas como producidas en combate por la fuerza pública del Estado colombiano, denominadas en el lenguaje internacional de los derechos humanos como “ejecuciones extrajudiciales” o en el de la prensa colombiana como “falsos positivos”, durante muchos años se trató de evitar su esclarecimiento por parte de la Justicia penal militar y policial mediante la apertura de investigaciones que por competencia le correspondían a la Justicia penal ordinaria, oa través de autos inhibitorios, preclusiones o conflictos de competencia, con el objetivo de que no se conociera la verdad, es decir, se realizaron procesos de selección penal negativa ilegítimos de estas conductas punibles (procesos de no criminalización), de los miembros de la fuerza pública, autores y determinadores, para que los crímenes quedaran en la impunidad. En esta investigación se corroboran las características de estos procesos unidos al poder de definición y cómo finalmente se vienen esclareciendo los crímenes mediante la intervención de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en aplicación de la justicia transicional, debido al interés de los miembros de la fuerza pública implicados, no tanto para que se establezca la verdad, sino que se les reduzca la pena y no quedar bajo la órbita de la Corte Penal Internacional (CPI).