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En las últimas décadas, las políticas de justicia vienen insistiendo en la necesidad de promover una mejor atención, una mayor participación y una intervención más restaurativa hacia las víctimas de los delitos. Todas esas pretensiones deberían implicar, entre otros aspectos, la información y acceso a servicios de justicia restaurativa (principalmente mediación penal). Aunque los debates sobre justicia restaurativa destacan que puede ser una buena opción para complementar las carencias de la justicia penal ordinaria en la satisfacción de las necesidades de las víctimas, lo cierto es que no son pocas las condiciones que dificultan a las víctimas ese acceso a la mediación penal. En este estudio se hace una aproximación tanto cualitativa como cuantitativa a las mismas, tomando como referencia el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón.