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En el orden del derecho trasnacional penal, la simplificación de la extradición disuelve los límites de lo aceptable en la lucha contra la impunidad transnacional. Progresivamente se erosionan la protección judicial del derecho al debido proceso ya juicios imparciales en aras de la eficacia de decisiones políticas presuntamente orientadas al imperio de la ley. La expansión tanto de recursos como del alcance global de las agencias de ley y orden (law enforcement agencies) es corolario este proceso. La desestabilización de la implementación de los acuerdos de paz en Colombia es un costo de este nuevo orden.