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El control fiscal que ejercen las contralorías territoriales, la Contraloría General de la República y la Auditoría General de la República constituye un mecanismo efectivo de lucha contra la corrupción y el desangre de los recursos públicos en Colombia. Un estudio empírico de las cuentas rendidas a la Auditoría General de la República (AGR), entre 2012 y 2017, por las contralorías del país, permitió concluir que los hallazgos de auditoría son un valioso instrumento que, junto con el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal que de ellos se derivan, evitan la pérdida de recursos públicos, la recuperación efectiva de los daños patrimoniales causados al erario, y la sanción a los funcionarios que los causaron que, como se verá, se puede enmarcar en el concepto de criminalidad.