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La sistemática y masiva vulneración de derechos fundamentales de personas privadas de la libertad ha sido declarada como Estado de Cosas Inconstitucionales por la Corte Constitucional de Colombia. Este Estado de Cosas supone una crisis estructural del sistema penitenciario y carcelario que difícilmente puede superarse con la construcción de nuevas prisiones. Se hace necesario un esfuerzo conjunto de entidades del Estado e incluso de la sociedad civil, pero por encima de ello, la creación de una Política Penal coherente con la Constitución, con el principio de mínima intervención penal y con el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho.