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La Ley de Acción Climática y Desarrollo Bajo en Carbono de 2015, que establecía el compromiso de Irlanda con la transición a una economía baja en carbono y ambientalmente sostenible para 2050, exigía al gobierno la publicación de un Plan Nacional de Mitigación en el que se especificaran las medidas que se adoptarían para alcanzar este objetivo. El plan, publicado en 2017, era completamente inadecuado. Esbozaba medidas vagas, aplazaba la acción con la esperanza de que las “tecnologías futuras” vinieran al rescate y, sobre todo, preveía un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero.[2] El Consejo Asesor sobre el Cambio Climático de Irlanda afirmó que era “improbable que las medidas aportaran” la transición necesaria.[3] Friends of the Irish Environment (FIE), un destacado grupo de la sociedad civil, solicitó la revisión judicial del plan, y argumentó que era ultra vires y que violaba derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (Cedh), incluidos los derechos a la vida, a la integridad corporal ya un ambiente sano.

Aunque el Tribunal Superior consideró que el plan era intra vires y se negó a abordar los argumentos de los derechos fundamentales debido a la “considerable discreción” de la que gozaba el gobierno en este ámbito “político”, el Tribunal Supremo revocó esta decisión menos de un año después.[4] Tras señalar que la ley exigía que el plan “especificara” las medidas para lograr la transición hacia una economía baja en carbono, el tribunal consideró que el plan no ofrecía un nivel de detalle lo suficientemente “realista”; se consideró ultra …